Una presunta organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude” fue desarticulada por la Policía Nacional tras ser acusada de apropiarse de cerca de S/ 11 millones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, mediante un sofisticado esquema de fraude informático. Según las investigaciones, los implicados se presentaban como asesores de una congresista y operaban desde una oficina ubicada en un edificio de la avenida La Encalada, en Surco, donde simulaban brindar asesoría técnica a autoridades municipales.
De acuerdo con las diligencias policiales, los investigados llegaban al inmueble vestidos como trabajadores de limpieza para evitar despertar sospechas. En ese lugar recibieron al alcalde de Pueblo Nuevo, William Sánchez, a quien convencieron de entregar su DNI y firma digital bajo el pretexto de gestionar un proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Con esa información, la organización habría modificado credenciales en sistemas digitales para acceder a cuentas con recursos públicos y ejecutar millonarias transferencias.
El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, informó que la organización simulaba contar con oficinas formales, exhibía fotografías con integrantes del Congreso y aparentaba ser un grupo de empresarios para ganar la confianza de sus víctimas. Durante el operativo también fue detenido el propietario del inmueble en Surco, César Nepo, quien, según la Policía, sería uno de los presuntos cabecillas de la organización. Asimismo, las investigaciones determinaron que existía coordinación entre varios operadores para ejecutar el fraude.
CONTINÚAN DILIGENCIAS
Las pesquisas también alcanzan a una empresa vinculada al empresario deportivo Jackson Mora, cuya gerencia general está a cargo de su hermana, debido a que habría recibido parte del dinero transferido. No obstante, la Policía precisó que hasta el momento se logró bloquear aproximadamente S/ 9 millones, evitando que la totalidad de los fondos fuera retirada. En tanto, la congresista Jeny López rechazó cualquier vínculo con la organización criminal y, mediante un comunicado, aclaró que sus únicas oficinas funcionan en el Cercado de Lima, deslindando toda responsabilidad por el uso indebido de su nombre e imagen.