El Ministerio Público informó que durante la segunda vuelta electoral se registraron 116 incidencias de relevancia penal en distintas regiones del país, como parte de las acciones de control y prevención desplegadas para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.
Uno de los casos que generó mayor atención ocurrió en el colegio Diego Ferrer Sosa, en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali, donde la intervención de dos fiscales durante el proceso electoral derivó en cuestionamientos y posteriores denuncias.
El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, señaló que situaciones relacionadas con observaciones a cédulas de votación se presentaron en 85 ocasiones a nivel nacional y sostuvo que los fiscales actuaron dentro de sus funciones durante el proceso electoral.
Según el Ministerio Público, entre el 28 de mayo y el 8 de junio se realizaron 18.407 acciones preventivas en todo el país con el objetivo de resguardar la legalidad y garantizar el ejercicio del derecho al sufragio.
DETENCIONES
Como resultado de estas intervenciones, 72 personas fueron detenidas a nivel nacional, registrándose la mayor cantidad de casos en Lima. De acuerdo con el reporte, el principal delito detectado fue el atentado contra el derecho de sufragio, con 31 detenciones, seguido por casos de suplantación de identidad.
Asimismo, la Fiscalía informó que también se detectaron hechos relacionados con la sustracción de material electoral. Uno de estos casos ocurrió en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, donde una persona fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de libertad.
Respecto al caso de Ucayali, Barrenechea rechazó que la actuación de los fiscales haya estado motivada por preferencias políticas y señaló que lo relevante es evaluar el desempeño funcional de los operadores de justicia dentro del marco legal.
Finalmente, indicó que la controversia surgida durante el proceso evidencia la necesidad de acelerar la elaboración de un protocolo interinstitucional que precise las competencias de las distintas entidades involucradas en los procesos electorales. Los dos fiscales involucrados en el incidente ya presentaron denuncias por los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, mientras continúan las investigaciones correspondientes.