La salida de José Jerí de la Presidencia de la República, tras la aprobación de una moción de censura en el Congreso, ocurre en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente a la inseguridad. Diversos sectores advierten que problemas como las extorsiones y los homicidios, en particular aquellos que afectan al transporte público, continúan siendo desafíos prioritarios para el Estado.
MEDIDAS PENDIENTES
Representantes del sector transporte señalaron que varias medidas anunciadas durante la breve gestión de Jerí quedaron pendientes. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que el plan de seguridad nacional, cuya presentación fue anunciada en reiteradas ocasiones, no llegó a publicarse.
Asimismo, mencionó que la implementación de cámaras de seguridad en los buses, iniciativa vinculada a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), podría verse afectada por los cambios propios de cada transición gubernamental.
“Muchas cosas han quedado pendientes. La política de seguridad nacional (…) no ha salido”, afirmó Ojeda. En relación con las cámaras de videovigilancia, agregó que estos proyectos suelen enfrentar retrasos debido a ajustes de prioridades en cada nueva administración. Según sostuvo, los efectos de estas demoras repercuten tanto en los usuarios como en los operadores del transporte.
En cuanto al panorama de violencia, cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestran que durante los 130 días de la gestión de Jerí se registraron 707 homicidios. De acuerdo con los datos, el promedio diario de asesinatos fue de 5.66 casos, indicador que ha sido objeto de análisis y debate en comparación con periodos anteriores.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros en funciones, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo que el plan de seguridad diseñado por el Ejecutivo debería ser considerado por la siguiente gestión. El funcionario destacó que dicho documento fue elaborado con participación técnica y remarcó la necesidad de dar continuidad a las políticas públicas. “Lo que debe hacerse es seguir los lineamientos de este plan, perfeccionarlo, para no empezar siempre de cero”, declaró.
En paralelo, el exmandatario enfrenta investigaciones en el ámbito fiscal. Entre ellas figura una indagación preliminar por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, relacionada con reuniones extraoficiales. Además, se desarrolla otra investigación vinculada a visitas registradas en el despacho presidencial. Marco Vázquez, director periodístico del programa Panorama, señaló que los procesos podrían implicar un recorrido prolongado en instancias judiciales.
La etapa posterior a la censura de Jerí abre un nuevo escenario político, mientras persiste el debate sobre la continuidad de las estrategias de seguridad y la necesidad de respuestas frente a la criminalidad. Observadores coinciden en que la estabilidad institucional y la ejecución de políticas sostenidas serán factores determinantes para enfrentar los retos que mantiene el país.
