El inicio de operaciones del Megapuerto de Chancay ha quedado en el centro de una controversia institucional tras la resolución en primera instancia del Poder Judicial que impide, por ahora, la supervisión de Ositran sobre sus actividades. La decisión ha generado reacciones inmediatas de distintos actores vinculados al comercio exterior, en un contexto donde el terminal portuario es considerado estratégico para el intercambio transcontinental.
Debate sobre supervisión y control en el puerto de Chancay
Desde la empresa Cosco Shipping, propietaria del megapuerto, se sostiene que sus operaciones sí cuentan con fiscalización estatal a través de entidades como Senasa y Sunat. Además, la compañía recalca que se trata de una infraestructura de carácter privado, a diferencia del Puerto del Callao, que funciona bajo un esquema de concesión.
Por su parte, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, ha advertido que la exclusión del regulador dejaría sin un control especializado a una obra de gran envergadura. En esa línea, desde el Ejecutivo, bajo la gestión del presidente interino José Jerí, se ha expresado una postura orientada a reforzar el rol del organismo supervisor dentro de las operaciones portuarias en Chancay.
La controversia sumó un nuevo elemento con un pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, que anunció acciones desde el más alto nivel del Estado. El debate, que involucra aspectos regulatorios y empresariales, empieza además a adquirir una dimensión geopolítica debido a la relevancia internacional del proyecto.
