Como parte de la lucha contra las extorsiones en el país, el Gobierno liderado por el presidente de transición, José Jerí, anunció que este sábado será reglamentada la Ley N.° 32490, una norma clave para enfrentar el avance del crimen organizado.
Entre los puntos más relevantes de esta nueva legislación, se establece la creación de un grupo interinstitucional contra la extorsión y el sicariato, integrado por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de articular acciones conjuntas.
Precisamente, este es uno de los principales reclamos de los transportistas, quienes exigen que las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público unan esfuerzos de manera efectiva en la lucha contra la criminalidad.
Otro de los puntos que contempla la ley es la implementación de un programa de protección para conductores y pasajeros amenazados, el cual busca brindar garantías y seguridad a las personas que denuncian extorsiones.
Asimismo, la norma establece el monitoreo de transferencias de dinero vinculadas al pago de cupos, aportes o supuestos servicios de seguridad, tarea que estará a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para detectar operaciones sospechosas.
Otro aspecto clave de la ley es la creación de centros de comando especializados en zonas críticas de extorsión, lo que permitirá desplegar grupos policiales y comandos militares en lugares donde se concentran estos delitos, como estacionamientos de empresas de transporte público y zonas consideradas peligrosas de Lima.
EXPERTOS PIDEN INVERSIÓN EN INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA CONTRA LA CRIMINALIDAD
Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, el Gobierno debe invertir en tecnología e inteligencia para combatir la delincuencia, señalando que “si no se invierte en inteligencia operativa, estratégica y cibernética, no se podrá avanzar en la lucha contra la criminalidad”, precisó.
