El gobierno anunció que la Fiscalía tendrá acceso a una base histórica de llamadas realizadas por internos de penales durante los últimos 10 años, en el marco de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. Esta medida permitirá identificar a miembros de organizaciones criminales que operan desde prisión y planifican atentados, extorsiones, asesinatos y sicariato.
Hace un mes, el presidente interino, José Jerí, explicó que este registro contiene información estratégica acumulada durante una década y que será utilizada para fortalecer la lucha contra la criminalidad. “Hemos descubierto 10 años de información, 10 años de planificación de atentados, de extorsiones, de asesinatos, de sicariato dentro de penales”, afirmó.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, precisó que el Ministerio Público podrá acceder de forma controlada y segura a las comunicaciones de los internos, a través de su Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad. Esto permitirá, anticipar, rastrear y desarticular redes delictivas que operan desde el interior de los penales, explicó Martínez.
Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, señaló que la información almacenada en los sistemas de PrisonTec servirá para iniciar investigaciones y desarticular organizaciones criminales. “Esta información, mediante la cual se coordinaba desde el interior de los penales hacia afuera con otros miembros de las organizaciones, estaba en un data center de la empresa PrisonTec, que controla la comunicación en los penales”, detalló.
GOBIERNO NO DESCARTA PRIVATIZAR EL INPE
Jerí reafirmó además su decisión de reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pese a las amenazas y no descartó la privatización de la seguridad en los penales, propuesta que ya había sido planteada anteriormente por el expresidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante la gestión de Dina Boluarte.
