La Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul ejecutaron una orden del Tribunal Constitucional (TC) y derribaron tres portones metálicos colocados por la empresa Villaverde Company SAC, perteneciente al empresario Zamir Villaverde.
Más de 100 agentes llegaron hasta el kilómetro 125 de la carretera Panamericana Sur para realizar el operativo. Según la denuncia, las estructuras instaladas restringían el libre tránsito de los residentes de la playa Los Lobos, afectando el acceso público al litoral.
Los vecinos habían presentado un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional luego de no obtener, según afirmaron, una respuesta efectiva en una corte de Cañete. “Esto viene desde hace varios años. Estamos sufriendo daños psicológicos, emocionales y económicos”, declaró una de las denunciantes, quien además sostuvo que personas vinculadas a Villaverde amenazaron a su esposo con un arma de fuego durante un incidente previo.
Durante la intervención, Zamir Villaverde y su personal de seguridad intentaron impedir el avance de las autoridades utilizando vehículos y profiriendo amenazas contra los funcionarios que cumplían el mandato judicial.
VILLAVERDE RECHAZA EL OPERATIVO Y ACUSA ABUSO DE AUTORIDAD
Por su parte, el empresario brindó declaraciones a la prensa y calificó la orden como inconstitucional. “Lo que se ha cometido hoy es un delito de allanamiento a la propiedad privada, abuso de autoridad y usurpación”, señaló, adelantando que iniciará acciones legales contra el alcalde de Cerro Azul, los magistrados del Tribunal Constitucional y todos los involucrados.
“Estas personas se van a ir al final presos”, afirmó. “Esto es un abuso de autoridad que está de la mano con traficantes de terrenos”, recalcó.
