En respuesta al incremento de la criminalidad en distintas regiones del país, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que modifica el reglamento del Servicio de Serenazgo Municipal. La medida autoriza el uso de pistolas de electrochoque como mecanismo de defensa no letal, acompañado de la obligación de implementar cámaras corporales en los agentes, con el objetivo de reforzar la transparencia y supervisión en sus intervenciones.
Municipalidades advierten limitaciones presupuestales
Sin embargo, la decisión ha generado posturas divididas entre las autoridades locales. El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, cuestionó la eficacia de los electrochoques frente al crimen organizado, señalando que se trata de un enfoque insuficiente ante bandas armadas y violentas. En tanto, el burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, advirtió que la disposición podría ser inviable para los municipios con escasos recursos, ya que muchas comunas ni siquiera cuentan con el presupuesto para equipar correctamente a su personal de serenazgo.
El decreto también refuerza los criterios para el ingreso al servicio, prohibiendo la contratación de postulantes con antecedentes judiciales o penales y obligando a las comunas a capacitar a sus efectivos en centros certificados por el Ministerio del Interior. Con ello, el Gobierno busca profesionalizar la labor del serenazgo y elevar los estándares de formación, en un contexto donde la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales demandas sociales.
Por su parte, el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, impulsor de esta iniciativa, manifestó su preocupación por los plazos de implementación. A través de su cuenta en X, criticó que recién en 60 días se publique la guía oficial de uso de las armas no letales y en 90 días las especificaciones técnicas de las cámaras corporales, pese a que otras medidas de seguridad se aplican con mayor celeridad.
