El caso de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros procesada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, mantiene en tensión las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Mientras la exfuncionaria permanece asilada en la residencia mexicana en Lima, el Ejecutivo peruano aún no comunica su decisión respecto al salvoconducto que le permitiría abandonar el territorio nacional.
Según la exministra de Justicia, Delia Muñoz, el Perú no tiene otra alternativa que conceder dicho salvoconducto, pues así lo establecen los tratados internacionales sobre asilo. Sin embargo, sostuvo que nuestro país debería demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia por su “actitud injerencista” en los asuntos internos del Perú. “México está vulnerando la Convención de Viena al intervenir en el juzgamiento de una persona por quebrantamiento del orden constitucional”, afirmó.
Por su parte, el ex embajador Carlos Pareja Ríos explicó que la decisión de otorgar asilo político recae exclusivamente en el Estado asilante, por lo que el Perú no puede revertirla. “México ha calificado que Betsy Chávez sufre persecución política y que se han vulnerado sus derechos humanos. Esa es una decisión soberana del país asilante”, señaló, aunque calificó dicha postura como “ideologizada y parcializada”.
NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA
Delia Muñoz consideró que el asilo concedido a Chávez constituye un “uso fraudulento” de esta figura, ya que la expremier no ha sido víctima de persecución alguna. La jurista indicó que el Tribunal Constitucional ya dispuso su libertad cuando se alegaron vulneraciones a sus derechos fundamentales. El Gobierno peruano anunciará este viernes 7 de noviembre qué medidas adoptará frente al caso, mientras se evalúa una eventual acción diplomática ante la Corte Internacional.
