La alegría por las recientes mejoras en una institución educativa de Barrios Altos se vio opacada por la angustia de otros niños y padres de familia que aún no pueden regresar a clases debido a las extorsiones que sufren sus colegios.
El pasado 27 de agosto, el colegio inicial y primaria Rayito de Sol tuvo que retomar la virtualidad luego de que delincuentes exigieran a su directora el pago de 18 mil soles bajo amenaza de detonar una granada en sus instalaciones. Días antes, el 19 de agosto, el colegio nacional Micaela Bastidas recibió un mensaje similar, en el que pedían 20 mil soles para evitar un ataque armado dentro de las aulas.
Estos casos forman parte de una alarmante ola de extorsiones contra centros educativos, que se expande con rapidez en Lima y otras regiones. Sin embargo, el ministro de Educación, Morgan Quero, ofreció una visión menos crítica: “Tengo entendido que las cifras de extorsión han ido disminuyendo notablemente en los últimos días. Tuvimos en un momento dado 170 instituciones educativas con alerta, hoy tenemos menos de 50”, aseguró.
CIFRAS ALARMANTES
El titular del Minedu detalló que actualmente se han desplegado 3,500 policías en zonas sensibles de Lima Metropolitana, además de 5,000 brigadas de autoprotección escolar en todo el país, que brindarían seguridad a más de 700,000 estudiantes. Asimismo, informó que 2,000 padres de familia participan en labores de prevención y denuncia de extorsiones.
No obstante, desde la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (ANCP), las cifras oficiales fueron cuestionadas. Su presidente, Guido Quintanilla, afirmó que la situación es mucho más grave de lo que reconoce el Ejecutivo: “Son más de 650 colegios extorsionados. En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, solo se han presentado 40 denuncias formales en las comisarías, cuando en realidad los casos son muchos más. Los promotores temen denunciar porque ponen en riesgo sus vidas”, advirtió.
