La tranquilidad del colegio Micaela Bastidas, en San Juan de Lurigancho, se quebró hace un mes, cuando la directora recibió un mensaje extorsivo que exigía el pago de 20 mil soles bajo amenaza de atentar contra su familia y la comunidad educativa. El hostigamiento, atribuido a la banda criminal del “Loco Aroni”, obligó a suspender las clases presenciales y trasladarlas temporalmente a la virtualidad en la víspera de las vacaciones escolares.
Tras el descanso de medio año, los alumnos regresaron a las aulas, pero la preocupación de los padres persiste. “¿Qué están esperando, que maten a nuestros niños? Somos familias humildes, no tenemos dinero para pagar cupos”, reclamó una madre de familia visiblemente afectada, mientras otro padre cuestionó la falta de garantías: “Hoy hay policías, pero cuando la prensa se va, nos quedamos solos”.
El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, confirmó que la primera extorsión buscaba presionar por la obra de construcción de un nuevo local programado para 2026. Además, aseguró que las clases virtuales ya no son una opción y que la seguridad del colegio está cubierta con patrullaje policial permanente, vigilancia municipal y presencia de grupos especiales de la Policía Nacional.
PREOCUPACIÓN CONTINÚA
Sin embargo, la incertidumbre no desaparece. Los padres temen que las amenazas se materialicen y demandan mayor resguardo, recordando que San Juan de Lurigancho enfrenta un déficit crítico de efectivos: un solo policía debe cuidar, en promedio, a más de 1,100 habitantes. Entre la angustia y la indignación, la comunidad educativa pide que el Estado no los abandone frente a la extorsión que hoy atenta contra el derecho a la educación de cientos de niños.
