La criminalidad no da tregua al transporte en Lima y Callao. La amenaza es clara: pagar o morir. Mototaxistas, colectiveros, taxistas y choferes de combis y cústers viven bajo constante zozobra por culpa de las extorsiones, que ya han cobrado la vida de 32 transportistas entre enero y julio, según cifras de la Policía Nacional. Salieron a trabajar y nunca volvieron. En algunos casos, más de cinco bandas criminales hostigan a una sola empresa.
El impacto económico también golpea a los ciudadanos. Las empresas de transporte urbano se ven obligadas a subir los pasajes hasta en 50 céntimos para cubrir el cobro de cupos. Según la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, el 80% de las más de 460 empresas formales en Lima y Callao están siendo extorsionadas. Se estima que la delincuencia recauda cerca de 10 millones de soles mensuales solo en este sector.
Mientras tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Sandoval, deslinda responsabilidades y limita la crisis al plano policial. Esta postura fue duramente criticada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien lo acusó de ser parte de una repartición política sin preparación. “Ponen a cualquiera, sin experiencia, en la cartera con más presupuesto del país”, declaró, exigiendo una respuesta multisectorial a la crisis.
DECISIÓN POLÍTICA
López Aliaga también cuestionó el reciente cambio en la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), calificándolo como una decisión netamente política que ha paralizado los avances técnicos logrados anteriormente. En medio de la ola de asesinatos y alza de pasajes, el alcalde propone medidas radicales como trasladar a delincuentes al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, mientras las extorsiones siguen sembrando muerte en las pistas.
