En medio de una crisis política que erosiona la legitimidad del gobierno, y con indicadores de pobreza al alza, el reciente incremento en la remuneración presidencial ha causado una fuerte reacción ciudadana. Según especialistas, este aumento no solo contrasta con la situación económica del país, sino que habría sido viabilizado mediante la rápida implementación de disposiciones contenidas en la Ley Servir, evitando así el límite salarial establecido por la Ley N.º 28212.
La norma y la excepción presidencial
La Ley 28212 establece que ningún funcionario público puede percibir un ingreso mayor al del presidente de la República. Sin embargo, para la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, el uso de mecanismos dentro de la Ley Servir permitió modificar escalas remunerativas sin considerar el marco restrictivo. Esta maniobra habría allanado el camino para que la presidenta Dina Boluarte reciba un salario por encima del tope máximo estipulado, en lo que se interpreta como una estrategia legalmente cuestionable.
Ramírez también advirtió que esta decisión representa un preocupante precedente de cómo se pueden sortear normas fundamentales bajo interpretaciones administrativas. En su análisis, no se trataría solo de un incremento salarial, sino de una acción que podría ser vista como un abuso de poder normativo en un momento de extrema debilidad institucional.
Mientras tanto, otra interrogante persiste: ¿cuánto cobrará Dina Boluarte por pensión vitalicia cuando culmine su mandato? De acuerdo con la legislación vigente, esta pensión solo puede suspenderse si existe una acusación constitucional formal en su contra, lo que abre un debate sobre el futuro tratamiento legal de quienes ocupan la más alta magistratura del país, incluso cuando su popularidad y legitimidad están en su punto más bajo.
