Durante su participación en la Cumbre de los Océanos celebrada en Francia, la presidenta Dina Boluarte firmó el denominado "Tratado de Alta Mar", un acuerdo internacional que busca proteger la biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicciones nacionales. Aunque la firma fue autorizada previamente por el Congreso, algunos legisladores han expresado su disconformidad, alegando que se requería aprobación congresal previa a cualquier compromiso internacional.
Controversia política y respaldo diplomático
El canciller peruano, Elmer Schialer, ha salido en defensa de la mandataria, indicando que todos los parlamentarios recibieron la información necesaria antes del viaje presidencial, y que el procedimiento seguido fue transparente. Además, recalcó que la firma del tratado no implica una pérdida de soberanía sobre las 200 millas del mar territorial peruano, ya que el acuerdo se refiere exclusivamente a áreas de alta mar, más allá de las zonas económicas exclusivas.
Pese a las aclaraciones, algunos gremios empresariales también han mostrado resistencia al tratado, temiendo efectos adversos para actividades como la pesca. No obstante, especialistas en derecho internacional recuerdan que la adhesión al acuerdo aún requiere ratificación del Congreso de la República para tener validez en el país. A nivel mundial, el tratado necesita al menos 60 ratificaciones para entrar en vigencia, umbral que habría sido alcanzado recientemente según informes extraoficiales.
Hasta la fecha, 115 países han firmado el Tratado de Alta Mar y 32 lo han ratificado oficialmente. Con la posible entrada en vigor del acuerdo, se espera una cooperación internacional más sólida para la protección de los ecosistemas marinos en zonas sin soberanía definida.
