Eran conscientes de que el peligro acechaba, pero aun así intentaban mantener el ánimo. Lucían cascos, chalecos antibalas y la vestimenta propia del trabajo en las alturas. En un video registrado por ellos mismos, los trece agentes de seguridad caminaban por una trocha en Pataz sin saber que estaban grabando sus últimos momentos con vida. Poco después, fueron torturados y ejecutados en un socavón por una organización criminal que opera con impunidad en la zona.
Las imágenes son aún más desgarradoras cuando se contrastan con los testimonios de sus familias. En Piura, la madre de Darwin Coveñas —una de las víctimas— no puede concebir celebrar el Día de la Madre sin su hijo. “Él era el sustento del hogar, me apoyaba a mí y a su hija. Era todo para nosotros”, dijo entre lágrimas. En Chiclayo, la familia de César Rospigliosi recordó que él ya había denunciado amenazas. “Delincuentes querían tomar la mina y ellos tenían que sacarlos con sus armas”, declaró su hermano, quien también cuestionó la ausencia del Estado: “La autoridad no vale para nada. Es tierra de nadie”.
Hasta el momento, solo nueve cuerpos han sido trasladados a sus lugares de origen. La morgue de Trujillo no cuenta con los equipos necesarios para concluir las necropsias de los cuatro restantes, según alertó la Defensoría del Pueblo. En medio del luto, la empresa Libmar Sac —contratista de seguridad de la minera Poderosa— emitió su primer pronunciamiento. Confirmó que los 13 trabajadores resguardaban a mineros artesanales de su compañía y se comprometió a cubrir todos los gastos funerarios. También señaló directamente como responsable a la banda de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”.
ESCAPÓ RUMBO A COLOMBIA
El mismo “Cuchillo” que escapó del país rumbo a Colombia el lunes pasado, mientras el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, confirmaba ante el Congreso que se estaban haciendo coordinaciones internacionales. En paralelo, el comandante general Víctor Zanabria advertía en Palacio de Gobierno que este sujeto ya había participado en otra masacre en diciembre de 2023. Aquel entonces, tras su captura por tenencia ilegal de armas, el Ministerio Público lo dejó libre. Hoy, trece familias pagan el precio de esa decisión con sangre.
