La extorsión a transportistas se ha convertido en un flagelo que trasciende fronteras, afectando a países como Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, México y Brasil. En el Perú, los "cupos" exigidos por bandas criminales han teñido de sangre las calles, con explosivos, disparos y amenazas que mantienen en zozobra a empresas de transporte público y de carga. Según el experto en seguridad ecuatoriano Jean Paul Pinto, este fenómeno regional se manifiesta con distintos nombres: "impuesto de guerra" en Honduras, "renta" en Guatemala, "derecho de piso" en México, "vacuna" en Colombia y Ecuador, y "taza de protección" en Brasil, pero todos persiguen el mismo fin: el control delictivo mediante el terror.
Un problema regional con respuestas insuficientes
En Ecuador, las bandas extorsivas han puesto su mira en los transportistas de carga que operan desde la costa, generando una ola de violencia que ha obligado al gobierno a implementar medidas drásticas, como estados de excepción y militarización. Sin embargo, estas estrategias, replicadas en otros países de la región, no han logrado erradicar el problema. En Perú, bandas como Los Malditos de Angamos o Los Gángsters de la Construcción han intensificado sus ataques, dejando un saldo de víctimas y empresas paralizadas. La debilidad de los sistemas de justicia, cuestionados por su ineficacia, y la permeabilidad de las instituciones frente al crimen organizado agravan la situación, impidiendo una solución definitiva.
La radiografía del fenómeno en Latinoamérica revela patrones comunes: grupos criminales organizados que aprovechan la vulnerabilidad de los transportistas, ya sean de pasajeros o de carga, para imponer pagos bajo amenaza de muerte. En Honduras, por ejemplo, el "impuesto de guerra" ha llevado a transportistas a abandonar sus rutas, mientras que en México el "derecho de piso" afecta tanto a pequeños empresarios como a grandes compañías. En Brasil, las "tarifas mensuales" de protección son una práctica extendida en regiones controladas por facciones criminales. Estos grupos, aunque operan en contextos distintos, comparten métodos violentos y una estructura que desafía a las autoridades.
Los gobiernos de la región han ensayado desde negociaciones con delincuentes hasta el despliegue de fuerzas armadas en cárceles y calles, pero los resultados son desalentadores. En Perú, el estado de emergencia vigente en distritos como San Juan de Lurigancho no ha frenado los ataques contra transportistas, quienes claman por protección efectiva. La ciudadanía exige acciones coordinadas a nivel regional para enfrentar un delito que no respeta fronteras, mientras los expertos advierten que sin una reforma integral de los sistemas de justicia y seguridad, las extorsiones seguirán siendo una herida abierta en Latinoamérica.
