En medio de una grave crisis penitenciaria, el Ministerio de Justicia, liderado por Eduardo Arana, anunció medidas urgentes para combatir la corrupción y el ingreso de drogas en los penales. La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín logró la detención preliminar de 15 funcionarios del INPE en Huancayo, quienes presuntamente cobraban hasta 500 soles mensuales a internos para permitir el ingreso, distribución y consumo de estupefacientes dentro del penal.
Privatización parcial y nuevo control tecnológico
Ante este panorama, el ministro Arana informó que se emitirá un Decreto de Urgencia que permitirá la privatización parcial del servicio penitenciario, específicamente del sistema de verificación de ingresos y salidas en los establecimientos carcelarios con mayor riesgo. Esta medida busca frenar la corrupción interna, reforzar el control y profesionalizar los procesos mediante un concurso público en el que participarán empresas privadas.
El titular de Justicia también señaló que la falta de equipos como rayos X, body scans y personal especializado ha debilitado los controles, facilitando la entrada de objetos prohibidos y drogas a los penales. Por ello, como parte de la nueva estrategia, se obligará a las operadoras telefónicas a bloquear la señal electromagnética dentro de los centros penitenciarios y juveniles, a fin de cortar las comunicaciones ilegales desde el interior.
Pese a la renuncia de Javier Llaque tras la fuga de un reo del penal de Lurigancho, Arana aseguró que los procesos administrativos continúan y que pronto se nombrará a un nuevo jefe del INPE. No obstante, el sector se encuentra actualmente sin dirección clara en un momento crítico para el sistema penitenciario del país.
