Aunque la ley que autoriza el uso de pistolas eléctricas por parte de los serenos ya fue publicada, su implementación está paralizada. El Ministerio del Interior tiene un plazo de dos meses para reglamentar la norma, pero mientras tanto, los gobiernos locales no pueden avanzar con el uso operativo de estos dispositivos. Pese a que se anunció como una respuesta urgente ante el avance de la inseguridad ciudadana, la medida aún no se ha traducido en acciones concretas.
Vacíos operativos y falta de coordinación
Uno de los principales obstáculos para aplicar la ley es la falta de presupuesto en muchos municipios, lo que dificultaría la adquisición de estas armas no letales. Además, la norma exige que los serenos reciban capacitación específica en campo, simuladores y polígonos, lo que implica una inversión considerable. A esto se suma que hasta el momento el Ministerio del Interior no ha convocado oficialmente a las comunas para coordinar el cumplimiento de estas exigencias.
A pesar de las limitaciones, distritos como Surco han informado que comenzaron con los procesos de adquisición de pistolas eléctricas tan pronto como se promulgó la ley. Sin embargo, sin el reglamento oficial, no pueden ponerlas en uso, ni se han definido aún aspectos técnicos clave, como si el uso de las armas deberá estar acompañado obligatoriamente de cámaras corporales activas para garantizar la transparencia.
La norma también establece que los serenos quedarán exentos de responsabilidad penal en situaciones en las que hagan uso de las pistolas eléctricas en legítima defensa. Sin embargo, sin lineamientos claros del Ejecutivo sobre los procedimientos, protocolos de uso y fiscalización, la aplicación efectiva de esta ley podría tardar varios meses más, mientras la delincuencia continúa en aumento.
