Desde muy temprano, las colas en los paraderos del Corredor Rojo en zonas como Ceres son más largas de lo habitual. El miedo se ha instalado entre los pasajeros tras el reciente ataque armado a un bus a la altura del óvalo Huarochirí, en Ate. Aunque el flujo de usuarios no se ha detenido —se estima que unos 180 mil ciudadanos utilizan diariamente este servicio formal—, la tensión es palpable en cada movimiento y mirada.
Extorsiones y competencia desleal
Según fuentes policiales, la primera hipótesis sobre una guerra de bandas se ha ido debilitando. Ahora, las investigaciones apuntan a un posible conflicto de competencia desleal promovido por minivanes informales que operan bajo la "protección" de mafias extorsivas. Estas organizaciones otorgan adhesivos y stickers para permitir la circulación de sus unidades, trasladando su violencia a un sector del transporte que hasta ahora parecía intocable.
Para reforzar la seguridad, unos 20 efectivos policiales han sido desplegados en buses y paraderos del Corredor Rojo. Durante los recorridos, madres con niños, escolares y adultos mayores viajan atentos no solo a cuidar sus pertenencias, sino también vigilando a motociclistas sospechosos que circulan cerca de las unidades. La vigilancia armada busca devolver la confianza a los miles de usuarios que dependen de este sistema de transporte.
Las autoridades han advertido que continuarán con los operativos para identificar y desarticular a los grupos criminales que amenazan el transporte público. Mientras tanto, el mensaje para la ciudadanía es claro: no ceder ante el miedo y confiar en los canales formales para cualquier denuncia o información que contribuya a las investigaciones.
