La fuga de un reo del penal de Lurigancho ocurrida el pasado lunes 21 de abril ha generado una ola de cuestionamientos contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en torno a la seguridad de los centros penitenciarios del país. El recluso, de nacionalidad extranjera, cumplía una condena de 10 años por delitos contra el patrimonio y fue identificado como John Kennedy Javier Sebastián.
Hasta el momento, las autoridades han detenido a tres presuntos implicados en la fuga. Se trata de tres agentes del INPE, identificados como Ricardo Salas Pérez, Guillermo Huarachi Salas y César Inga Vázquez, quienes vienen siendo investigados por, presuntamente, haber facilitado la fuga del interno.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Guillermo Huarachi era el encargado de la seguridad del pabellón número 10, donde se encontraba recluido Javier Sebastián. La Policía presume que habría permitido su salida del recinto. Hasta la fecha, el paradero del reo sigue siendo desconocido.
PIDEN REORGANIZACIÓN DEL INPE
Desde el Congreso se han pronunciado al respecto. El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, pidió una reorganización total del INPE y propuso que los presos peligrosos sean trasladados a otros países, como El Salvador.
“Si el INPE no trabaja correctamente, las cosas no van a funcionar. No es el primer caso: hace algunas semanas se descubrió que, incluso en el penal de Challapalca, había un sistema de comunicación por internet. Todo esto demuestra que se necesita una reestructuración total del INPE”, declaró.
