Con los motores apagados y los buses inmovilizados, así amaneció por segundo día consecutivo el paradero inicial de la empresa de transporte “Rumi”, cuyos conductores y cobradores han decidido suspender sus labores como medida de protección ante las constantes amenazas de mafias extorsionadoras. Los trabajadores aseguran que no retomarán el servicio hasta que se garantice su seguridad. "Nos mandan mensajes, ¿vamos a exponer nuestras vidas para que nos maten?", declaró un chofer, bajo reserva de identidad.
El temor no es nuevo. Se ha revelado que esta empresa venía pagando cupos durante tres años a una organización criminal. “Tenemos que pagar, escuché que ya son tres años. Diez soles por conductor”, confesó otro chofer, con el rostro cubierto por seguridad. Según testigos, la extorsión es generalizada en la zona: otras rutas también han cedido, y en algunos casos, incluso pagan a dos bandas distintas. “A una empresa de aquí al frente ya la han baleado”, contaron.
Esta realidad no es aislada. En septiembre de 2022, sicarios intentaron asesinar a quemarropa a un conductor de la empresa “San Genaro de Chorrillos”, un atentado registrado por cámaras de seguridad y que evidenció la violencia con la que actúan estas mafias. Según cifras de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), más de 300 kilómetros de rutas en Lima están controlados por grupos extorsivos. “Ya tenemos 15 muertos y más de 25 atentados”, denunció su presidente, Martín Valeriano.
INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES
Valeriano también criticó la falta de acción de las autoridades. “Todo ha caído en saco roto. El exministro se comprometió, pero no cumplió”, declaró. Actualmente, en Lima y Callao existen más de 460 empresas de transporte, de las cuales más del 50% han sido víctimas de extorsión. Ante la ola de violencia y la inacción del Estado, los gremios del sector no descartan convocar un segundo paro general para este 10 de abril.
