Un total de 700 docentes sentenciados por delitos graves como terrorismo, abuso sexual y narcotráfico podrían volver a las aulas si el Congreso aprueba la derogación de la norma que ordena su expulsión inmediata tras una sentencia en primera instancia. La iniciativa es impulsada por el congresista Paul Gutiérrez y sectores vinculados al Fenatep, fundado por el expresidente Pedro Castillo y relacionado con Sendero Luminoso.
Gutiérrez sostiene que los docentes solo deberían ser separados del cargo cuando haya una sentencia firme en doble instancia. Sin embargo, esta postura ha generado rechazo en la sociedad. Diversos padres de familia han expresado su preocupación, argumentando que la presencia de estos profesores pondría en riesgo la seguridad de los escolares y atentaría contra su derecho a una educación libre de violencia.
El exministro de Educación, Idel Vexler, se pronunció en contra de la derogación de la norma y señaló que, en todo caso, debería reforzarse con medidas preventivas. “Un profesor con indicios razonables de violación o terrorismo debe ser suspendido inmediatamente. Para su destitución total, debe esperarse la sentencia firme”, indicó. Por su parte, Víctor Sánchez, representante del Consejo Directivo Nacional de Padres de Familia del Perú, criticó a los congresistas que respaldan la iniciativa.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Según un medio local, los promotores de esta medida también estarían planeando presentar una acción de inconstitucionalidad contra la norma vigente. Para ello, necesitarían recolectar al menos 5,000 firmas y llevar la demanda ante el Tribunal Constitucional. Mientras el debate continúa, diversos sectores exigen que se priorice el bienestar de los estudiantes y que se garantice un ambiente seguro en las escuelas del país.
