Un brutal atentado ocurrió contra la Pollería Salazar en Los Olivos, donde delincuentes dispararon a matar tras la negativa de los dueños a pagar una extorsión. Arturo Salazar y su hermano, empresarios migrantes de Áncash, recibieron amenazas del grupo conocido como “Los Injertos del Cono Norte”, quienes exigían 50 mil soles de inscripción y 5 mil mensuales. A pesar de su proximidad a la Comisaría Laura Caller, los delincuentes actuaron impunemente en una concurrida zona comercial.
El caso no es aislado. Según Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, en 2024 se registraron 19,350 denuncias por extorsión, aunque se estima que el 85% de las víctimas no denuncia. Criticó la ineficacia del Estado de Emergencia, que no logró la coordinación efectiva entre las fuerzas de seguridad para frenar la criminalidad. Mientras tanto, comerciantes viven en un estado constante de temor, enfrentando la disyuntiva de ignorar las amenazas o ceder al chantaje.
En este caso en específico, los dueños de la pollería denunciaron la falta de apoyo policial, incluso tras los disparos perpetrados por los delincuentes. Arturo Salazar declaró: “Desde el lunes pedimos resguardo y nadie nos ayuda. Nadie nos está resguardando. Pedimos al Ministerio del Interior que actúe”. Este brutal ataque expone la precariedad de las medidas de seguridad en un distrito plagado de extorsiones y actos violentos.
¿QUIÉN DETIENE LA CRIMINALIDAD?
Este atentado refleja una problemática más amplia que afecta a comerciantes en todo el país. La inacción del Estado y la falta de estrategias contundentes para combatir la delincuencia han permitido que la extorsión crezca en varios distritos de Lima, destruyendo la tranquilidad y el sustento de miles de familias.
