El Congreso de la República aprobó la norma que restablece el financiamiento privado de los partidos políticos, permitiendo que personas naturales y empresas puedan realizar aportes económicos. Según lo estipulado, todos los aportes deberán ser bancarizados y estarán sujetos a la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de evitar el ingreso de fondos provenientes de economías ilegales al sistema político.
Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, destacó que esta medida busca dar mayor transparencia al financiamiento partidario. Sin embargo, especialistas como el politólogo Fernando Tuesta han criticado la norma por no incluir sanciones específicas en caso de incumplimiento. Tuesta también señaló que los congresos anteriores han reducido las penalidades y condonado multas a partidos políticos, lo que debilita la regulación.
Un aspecto polémico de la norma es que los partidos políticos no conocerán la identidad de los aportantes, con la intención de evitar futuras exigencias de prebendas. No obstante, Tuesta advirtió que esta disposición es vulnerable, ya que los aportantes podrían informar directamente a los partidos sobre sus contribuciones, generando opacidad en el sistema. Frente a estas críticas, Rospigliosi reconoció la posibilidad de irregularidades, pero afirmó que su alcance dependerá de la correcta implementación de la ley.
TOPE DE APORTES ANUALES
Otro punto controvertido es el incremento del tope de aportes anuales, que pasa de 120 a 200 unidades impositivas tributarias (UIT), lo que equivale a un aumento de S/642,000 a S/2,675,000. Este cambio ha generado cuestionamientos sobre si beneficia a determinados sectores, mientras que sus promotores aseguran que busca fortalecer el sistema político y reducir la dependencia de financiamiento estatal.
