Las recientes designaciones de efectivos policiales como agregados en misiones diplomáticas han generado críticas debido a presuntas irregularidades en el proceso. Estas posiciones, reservadas para oficiales con carreras intachables y alto nivel académico, incluyen casos de personal investigado o con cuestionamientos administrativos, lo que pone en duda la transparencia de las resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior.
Entre los casos más polémicos figura el del coronel Ronald Núñez Díaz, asignado a Chile pese a estar involucrado en una investigación por presunta omisión de funciones durante su gestión en Santa Luzmila. Asimismo, la suboficial Ruth Ligarda Castro, conocida como “la sombra” de la presidenta Dina Boluarte, fue destacada a España mientras participa como testigo en un caso ante el Ministerio Público, situación que especialistas consideran irregular.
Exautoridades, como Ricardo Valdés y Carlos Tuse, han señalado que los procesos de selección para estas posiciones no habrían seguido los protocolos establecidos, incluyendo la omisión de convocatorias públicas. Además, destacan que algunos relevos se habrían adelantado para favorecer a oficiales cercanos al círculo de poder, dejando de lado a efectivos con perfiles más preparados y libres de cuestionamientos.
CAMBIOS CUESTIONADOS
Por otro lado, el traslado del coronel Franco Moreno Panta, exjefe de la DIVIAC, a la división de Secuestros y Extorsiones, ha causado inquietud en la institución, dado que podría interpretarse como parte de un debilitamiento de la unidad especializada. Estos movimientos generan suspicacia dentro de la Policía Nacional del Perú, especialmente entre aquellos oficiales que cumplen con los requisitos exigidos para estas posiciones estratégicas.
