Ante el incremento de la criminalidad juvenil, el Congreso aprobó en segunda instancia una reforma de ley que permitiría juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves.
Esta medida, impulsada en parte por el clamor popular, ha generado polémica y llevó a Unicef Perú a expresar su desacuerdo. Según Javier Álvarez, representante de la unidad, "regresar a esos chicos a una situación como en las cárceles peruanas es darle la oportunidad de un doctorado en delincuencia acelerada".
Además, Unicef señala que endurecer las penas no ha sido eficaz en el pasado; por ejemplo, en 2007 y 2014, se aumentaron las penas para adolescentes y, lejos de reducir la criminalidad juvenil, los delitos cometidos por adolescentes se incrementaron.
ENFOQUE MULTISECTORIAL
Beatriz Gamarra, oficial de protección de Unicef, explicó que la situación demanda un enfoque multisectorial, que incluya prevención y respuesta adecuada. Por su parte, Javier Álvarez planteó volver a un enfoque de “imputabilidad restringida”, adecuado a la edad y situación de los menores.
