El avance del crimen organizado en Lima y Callao continúa cobrando vidas, mientras que las estrategias anunciadas por el Ejecutivo siguen sin aplicarse efectivamente, incluso en los 14 distritos bajo estado de emergencia. La falta de resultados pone en evidencia la ausencia de acciones concretas frente a la promesa de combatir la criminalidad, que se extiende en zonas comerciales y de alta afluencia pública.
Uno de los compromisos clave fue la instalación de un sistema de videovigilancia en un conocido centro comercial ubicado en la avenida Raúl Ferrero, en La Molina. En este lugar, la presidenta Dina Boluarte y el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se comprometieron a implementar un sistema de seguridad que, hasta el momento, no se ha concretado, dejando la zona vulnerable a incidentes delictivos.
Según el presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), tras varios meses de reuniones, aún no hay avances significativos en materia de seguridad. Esto resulta preocupante considerando que cada mes unos 60 millones de personas circulan por los centros comerciales de la capital. La creación de una base de videovigilancia todavía no han sido gestionadas.
FALTA DE GESTIÓN
A la falta de gestión se suma la ausencia de coordinación con el Reniec, que aún no ha proporcionado su base de datos, fundamental para el reconocimiento facial. Asimismo, el Ejecutivo no ha previsto cómo enfrentar la carencia de información sobre más de un millón de extranjeros en el país, lo que limita la eficacia de cualquier medida de seguridad. La población y el sector privado esperan que se acelere la implementación de estas medidas para contrarrestar la ola de violencia que afecta a la capital.
