Los búnkeres se han convertido en el escondite ideal para la delincuencia organizada en el país, siendo utilizados para retener a víctimas de secuestro, como fue el caso de la empresaria Jackelyn Salazar. Estos espacios también sirven para planear asaltos y extorsiones, almacenar armas y drogas, y convertirse en refugios para los criminales. En los allanamientos recientes, las autoridades han descubierto que muchos de estos inmuebles son alquilados a bandas criminales.
Frente a esta realidad, el Ejecutivo promulgó un decreto supremo que obliga a las personas que ofrezcan servicios de hospedaje o arrendamiento a exigir documentos de identidad a sus inquilinos, con un foco particular en ciudadanos venezolanos, quienes representan un segmento involucrado en algunas actividades delictivas. Armando García Chunga, superintendente de Migraciones, anunció que se implementará una plataforma digital para registrar los datos de los documentos.
Sin embargo, la medida ha generado críticas. Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, advirtió que esta norma podría incrementar el uso de búnkeres, ya que más personas optarán por alquilar propiedades de manera irregular o falsificar documentos. A pesar de la sanción legal que podría incluir el decomiso de propiedades, Liendo señala que no existen precedentes de personas sancionadas por alquilar inmuebles a criminales, lo que evidencia que las leyes pueden ser superadas por la realidad delictiva.
TODOS SE PLEGARÁN A LA NORMATIVA
Por su parte, el superintendente García Chunga indicó que aquellos que operan en el sector informal se plegarán a la nueva normativa, ya que también buscan garantizar su seguridad. En cualquier caso, la preocupación sigue latente: mientras no se refuercen los controles efectivos y las sanciones, los búnkeres seguirán siendo centros de operaciones del crimen organizado, poniendo en riesgo a la ciudadanía.
