En un comunicado conjunto, las pequeñas, medianas y grandes empresas expresaron su malestar frente al avance del crimen organizado, que está generando temor entre los empresarios de todo el país. "El crimen está destruyendo el país", señalan con énfasis, destacando la necesidad de catalogar a la extorsión como un delito de terrorismo urbano. Esta preocupación no solo afecta a Gamarra, en La Victoria, sino también a otros sectores como ferreterías, panaderías y restaurantes.
La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, hizo un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte para que asuma su responsabilidad ante esta crisis. “Que asuma el liderazgo que se necesita porque eso es lo que lamentablemente no vemos, pero con medidas concretas, realistas, con un plan”, exigió Saldaña, visibilizando el desesperado pedido de los comerciantes.
GAMARRA, ENTRE LA NECESIDAD Y EL MIEDO
Gamarra, conocido por generar empleo directo e indirecto para cientos de miles de personas, se ha convertido en un blanco del crimen organizado. Los comerciantes viven con miedo ante la posibilidad de ser asesinados si no pagan cupos. “Es terrorismo”, sentenció Saldaña, refiriéndose al uso de armas de guerra por parte de los extorsionadores.
El continuo ataque a comerciantes de todos los rubros preocupa en sobremanera, pues perjudica a miles de familias: “Gamarra genera un empleo directo para más de 150,000 personas, y de manera indirecta para más de 250,000 personas. Aquí se concentra el 50% de la industria textil y confecciones que tiene el Perú”, explicó Saldaña.
A pesar de la presencia policial en la zona, los criminales se mezclan entre los ciudadanos, lo que complica la intervención. André Condore, presidente de la junta vecinal de Gamarra, también elevó su voz pidiendo que La Victoria sea incluido en el estado de emergencia declarado en otras zonas del país.
Con el anuncio de 60 días de Estado de Emergencia en 14 distritos, la expectativa entre los comerciantes es alta. Aunque Gamarra aún no ha sido incluida, el pedido es unánime: que las medidas se traduzcan en acciones concretas para frenar lo que muchos llaman “terrorismo urbano”.
