La nueva Ley de Crimen Organizado se ha convertido en un nuevo punto de controversia luego de que el congresista José Luna Gálvez solicitara que el caso Telesup, por el cual se le investiga, no se clasifique como organización criminal. Esta petición se basa en la cuestionada legislación que fue propuesta y aprobada por el mismo Congreso.
El abogado constitucionalista Luciano López ha expresado su preocupación, señalando que varios parlamentarios investigados por criminalidad organizada participaron en la elaboración y votación de esta ley. “Es contradictorio que aquellos bajo investigación hayan contribuido a establecer un marco legal que podría beneficiarlos”, dijo.
Según López, la ley es inconstitucional desde su concepción, lo que vicia su contenido y la hace inválida. “Los funcionarios deben estar al servicio de la Nación, no de sus propios intereses. Esto es reprobable”, enfatizó. La crítica se extiende no solo a la ley, sino también a la conducta de los legisladores que buscan beneficio.
OTROS CASOS
Otras figuras como los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón, así como el exjuez César Hinostroza, han intentado acogerse a la nueva normativa. Ante esta situación, en el Parlamento ya comienzan a surgir voces que proponen la derogatoria de la ley. Sin embargo, la decisión sobre su futuro sigue en manos de los mismos congresistas.
