En un esfuerzo por contrarrestar el creciente problema de la criminalidad en el Perú, varios congresistas y autoridades locales han presentado propuestas para introducir el término "terrorismo urbano" en la legislación.
El alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, ha presentado una de estas iniciativas, la cual propone una pena de 20 años de cárcel para aquellos que aterran a la población realizando actos contra la vida, el patrimonio y la seguridad de la ciudad.
Mientras tanto, otros legisladores han propuesto alternativas. Edwin Martínez ha presentado un proyecto que busca combatir lo que él denomina "terrorismo de la criminalidad organizada", proponiendo una condena de cadena perpetua para los cabecillas de organizaciones criminales.
Otras iniciativas notables incluyen la del congresista Juan Burgos quien plantea hasta 25 años de cárcel para aquellos que infunden inseguridad en la población a través de la delincuencia. Propone elevar esta pena a no menos de 30 años si se hace uso de armas, artefactos explosivos o se causa la muerte de una persona.
Por su parte, el congresista Diego Bazán ha presentado un proyecto de ley que busca tipificar el "terrorismo apolítico", proponiendo una pena de 20 años para aquellos que intimidan o coaccionan a ciudadanos formando parte de una banda o organización criminal.
Adicionalmente, la Municipalidad de Lima está preparando su propio proyecto de ley para tipificar como "terrorismo urbano" los delitos de robo, secuestro o extorsión. Por ahora, todas estas propuestas se hallan en revisión en el Congreso.
PROPUESTAS POPULISTAS
Sin embargo, no todos están de acuerdo. La parlamentaria no agrupada Flor Pablo ha criticado dichas propuestas, tachándolas de populistas y acusándolas de buscar simplemente causar impacto mediático.
