La libertad de información y expresión vuelven a estar en peligro en el gobierno de Pedro Castillo.
En medio de las investigaciones fiscales a Pedro Castillo, el Ejecutivo anunció la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para sancionar penalmente la difusión de información reservada en una investigación fiscal.
De acuerdo con lo señalado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la filtración de documentos reservados será sancionado con hasta cuatro años de prisión.
En el Congreso tienen claro que el Ejecutivo busca detener la difusión de información sensible que compromete a diversos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, información que incluye en algunos casos al mandatario.
Los integrantes de la bancada bloque magisterial defendieron al gobierno negando que el proyecto sea una amenazada a la libertad de información.
EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY
Diversos gremios se manifestaron en contra del proyecto. Entre ellos el Colegio de Periodistas del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).
El Congreso ya impulsó normas muy parecidas que van en contra de la libertad de expresión. De hecho, la Comisión de Justicia presidida por Gladys Echaíz, quien podría convertirse en titular del Parlamento, aprobó un dictamen que modifica las reglas sobre la colaboración eficaz.
La norma habla de la revelación indebida de información reservada y sanciona con prisión a los funcionarios públicos como procuradores, fiscales o jueces que filtren el contenido de los colaboradores eficaces, asimismo, sanciona a quienes publiquen dicha información, es decir, medios de comunicación y periodistas.
El dictamen fue aprobado en febrero por congresistas de diversos partidos entre ellos Gladys Echaíz, Guido Bellido, Waldemar Cerrón, Alex Paredes, María Cordero, María Zeta Chunga, Hernando Guerra-García, Elvis Vergara, Alejandro Cavero, Alejandro Muñante y Esdras Medina.
Diferentes gremios periodísticos como el Instituto Prensa y Sociedad, el Colegio de Periodistas del Perú y el Consejo de la Prensa Peruana rechazan la iniciativa del gobierno como un atentado contra la ciudadanía.
