24 Horas Edición Central

12/01/2022

Organismos internacionales se muestran en contra de la sentencia contra periodista Cristopher Acosta

Diversos gremios periodísticos internacionales han cuestionado la decisión judicial y han resaltado el peligro que corre la sociedad ya que podría haber problemas para acceder a información relevante.




La sentencia en primera instancia contra el periodista Cristopher Acosta debido a la publicación del libro "Plata Como Cancha" ha generado una gran preocupación en todo el continente.

Y es que diversos gremios periodísticos internacionales han cuestionado la decisión judicial y han resaltado el peligro que corre la sociedad ya que podría haber problemas para acceder a información relevante. 

Danilo Arbilla es un histórico periodista uruguayo con una extensa y destacada trayectoria. Como ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa ve con preocupación los criterios utilizados por el juez Raúl Jesús Vega para condenar a un periodista que solo citó con nombre y apellido a terceras personas.

Arbilla alertó que este tipo de fallos suelen darse en países con claras dictaduras como Nicaragua y Venezuela donde hay casos concretos de condenas arbitrarias solo por citar a una fuente.

En ese sentido, el destacado periodista uruguayo señaló que a nivel internacional el consenso es que los casos de difamación se analicen en el ámbito civil y no el penal.

Por último, el director de la División de Las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró como un “grave ataque a la libertad de prensa” la condena contra Christopher Acosta.

Lo curioso es que en medio del caso “Plata Como Cancha”, el vocero de Podemos Perú, José Luna Galvéz, pidió actualizar un Proyecto de Ley que penaliza como forma agravada y dispone una condena de entre cuatro y seis años de cárcel para el delito de difamación en caso se haya cometido para obtener un beneficio económico.

Es decir, el cuestionado fundador de Podemos Perú, dueño de la universidad sin licencia Telesup e investigado por lavado de activos por presuntamente blanquear dinero de Odebrecht y OAS pretende darle un nuevo golpe a la libertad de expresión.


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