Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo viene siendo criticado por designar a una serie de funcionarios que no cumplirían con el perfil requerido pero además con serios problemas con la justicia.
El Consejo Privado Anticorrupción detectó que desde el 28 de julio de este año se designaron a 171 nuevos funcionarios en la Alta Dirección del Gobierno, y 25 de ellos tienen claros cuestionamientos verificables.
CASOS
Un ejemplo de esto es Salatiel Marrufo Alcántara, jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Vivienda, él es investigado, desde el 2018, por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, y el Ministerio Público lo ha vinculado con la mafia del azúcar en el norte peruano.
Otro caso es el del ex congresista Jorge Antonio Rimarachín Cabrera que ha sido nombrado como secretario de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. El ex parlamentario fue denunciado penalmente por la Fiscalía, por delitos de extorsión, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y disturbios que se habrían cometido en las protestas en contra del proyecto Conga, Además, tiene una sentencia por pensión alimenticia.
Otro caso es el de Gonzalo Raúl Ames Ramello, secretario general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y negociación incompatible.
Hasta el momento, el Ejecutivo solo ha dejado sin efecto 8 de las 25 designaciones con graves cuestionamientos, como en el caso de Alberto Falla Avellaneda que fue nombrado como director del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible – Promovilidad a pesar de que su empresa otorgó el certificado de revisión técnica al camión cisterna de GLP cuya deflagración provocó la muerte de 34 personas en Villa El Salvador.
