El último martes, el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC), una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31096, que permite la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxis colectivos.
"En la demanda se afirma que la ley aprobada por el Congreso vulnera los derechos a la vida, integridad, la salud y el medio ambiente, dado que permite que vehículos que no reúnen condiciones técnicas apropiadas puedan brindar el servicio de transporte de pasajeros", señaló el procurador Luis Alberto Huerta Guerrero.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló también que en la demanda se alega que la ley es contraria a la obligación de protección de los usuarios del servicio de transporte, presita en el artículo 65° del texto constitucional.
"Durante todo el procedimiento parlamentario que dio origen a la ley, el Ejecutivo manifestó los peligros de la norma respecto a los derechos de las personas. Corresponde ahora pronunciarse al Tribunal Constitucional al respecto", agregó Huerta Guerrero.
