El estado de emergencia ha golpeado duramente al sector de la construcción. Más de 85 mil empresas formales se han detenido, lo que ha perjudicado a más de un millón de trabajadores.
Según Humberto Martínez, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), esta paralización puede representar 2,500 millones de dólares y es el 1% del PBI.
A fin de mitigar el impacto financiero y laboral, el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima planteó aplazar el pago del IGV e Impuesto a la Renta y prorraterar los mismos sin el cobro de intereses, además requieren que el estado desembolse laudos y valorizaciones previo al inicio de obras para tener liquidez.
Para los trabajadores, Martínez manifestó lo siguiente: “los aportes de los constructores que son dos por mil del valor de la obra, han generado un fondo que no se ha utilizado y ha ascendido a 300 millones de soles. Lo que estamos pidiendo es disponer de 111 millones de soles para poder ayudar a 145 mil trabajadores”.
Los beneficiados serían aquellos que durante los últimos 36 meses hayan figurado en planilla. En tanto, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil se manifestó para exigir un bono por parte del Estado.
Ante la baja demanda por viviendas, la Asociación de Empresas Inmobiliarias anunció que se trabaja en dar bonos Mi Vivienda y Techo Propio, así como en reducir el precio de la cuota inicial. Mientras para aquellos que la entrega de sus departamentos quedó pendiente, el gremio de construcción aseguró que estos ciudadanos deberán esperar debido a la emergencia nacional.
