La Población Económicamente Activa (PEA) que labora informalmente en el país asciende a más de 12 millones de personas y todos ellos corren riesgo de contagiarse del coronavirus, debido al contacto directo que tiene con sus clientes.
Sin embargo, no solo la salud de ellos se vería afectada, sino también su economía. “Esas personas en caso de una cuarentena también el Gobierno tendría que estimar un ingreso mínimo que tendría que darle porque es gente que deja de trabajar y estar gente vive del día que trabaja, es como un taxista. Si el taxista no trabaja un día, dos días, no come, no paga su deuda, entonces el Gobierno tendría que diseñar esa política de garantizarle un ingreso mínimo para que puedan vivir ese tiempo en que se decreta la cuarentena” sostuvo el economista Jorge Gonzáles.
Por su parte, estas personas han implementado medidas para evitar la propagación del COVID-19, como es el uso se guantes quirúrgicos para manipular alimentos, gorros, mandiles y no tocar directamente el dinero.
