Entre enero de 2017 y julio de 2018, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) registró 188 fiscalizaciones a nivel nacional por malas prácticas laborales de empresarios peruanos a extranjeros.
De ser descubierta una mala práctica laboral, Sunafil podría asignar una multa a la empresa denunciada hasta por 50 mil soles. Sin embargo, otra es la historia con el rubro informal. Según el abogado laborista, Franco Muschi, “la multa al informal no lo mueve; la multa al informal no es un termómetro”, indicó.
Más preocupante aún son los avisos ofertando trabajos temporales a venezolanos por internet, donde hacen propuestas indecentes a los extranjeros. Un ejemplo es el aviso de un sujeto que dice llamarse Alexis Floreano, en el que busca a una señorita venezolana de 18 a 20 años para ayudarla a tramitar su carné de extranjería a cambio de una relación.
En provincia la situación es igual e incluso peor, pues el venezolano José Luis Bernales denunció al dueño de la empresa Milkimat Distribuciones por incumplimiento de pago en Arequipa.
La informalidad en el empleo en Perú alcanza a los 12 millones de habitantes, cifra que se agudiza por la creciente llegada de la migración venezolana, pues los empleadores prefieren no cumplir con sus obligaciones y, por otro lado, inescrupulosos quieren aprovecharse de la necesidad ajena.
