Según un informe realizado por Ipsos, después de la corrupción, la inseguridad ciudadana es el segundo problema que afecta a nuestro país. Quizás esta sea la razón por la que varias calles de la capital lucen enrejadas, convirtiendo a estos sectores de Lima en una bomba de tiempo ante una emergencia.
Tanto conductores y peatones se ven afectados por estas medidas de seguridad adoptadas por algunas grupos vecinales, quienes con el permiso de sus respectivos municipios pueden colocar rejas o tranqueras. Sin embargo, las normas establecidas señalan que las puede mantener cerradas siempre y cuando exista un vigilante que este presente en el lugar, pero un equipo de 24 Horas pudo comprobar que ello no se cumple.
Asimismo, varios conductores y vecinos aprovechan el cierre de estas vías públicas para utilizarlo como estacionamiento, tal como sucede al frente de la Municipalidad de San Luis. De otro lado, en el distrito de La Molina, pudieron toparse con una valla de metal, que en vez de facilitar a los ciudadanos llegar a sus destinos, lo impide totalmente.
La ordenanza municipal 690 especifica que cualquier persona o conductor puede solicitar el acceso a una calle al vigilante de turno y este no podrá impedírselo ni pedirle documentación alguna, pero en la práctica no se aplica. En caso se le niegue el libre tránsito, los responsables podrían recibir una multa de hasta 3,320 soles.
Aunque la instalación de rejas y tranqueras es una medida que busca frenar un poco la ola de robos que se vive en nuestro país, las mismas no deben obstruir su desplazamiento a lo ancho y largo de la ciudad.
