El destape de la corrupción en Odebrecht no solo ha puesto en jaque a diversos funcionarios y mandatarios, sino que ha dejado a más de 60 mil trabajadores en el desempleo. Desde febrero del 2017, 175 pequeñas y medianas empresas han quebrado.
“Nunca nos imaginamos que un decreto de urgencia o un tema de corrupción nos afectara. Nosotros solo éramos proveedores de ellos”, dijo Tito Yamamoto, dueño de la empresa Recicla, que suministraba arena y piedras a Odebrecht para el proyecto de la ampliación de la carretera Ramiro Prialé, el cual ahora está detenido. El gigante brasileño le debe un millón de soles, lo cual le ha originado grandes deudas con la Sunat y los bancos.
Otra perjudicada por la situación de Odebrecht es Karim Carranza Gutiérrez, dueña de Transportes Gikal, que proveía de cisternas de agua para el proyecto Ramiro Prialé. Sin embargo, su caso es más crítico porque quebró. “Hemos tenido que vender algunos carros, rematarlos porque no tenemos trabajo. Todo el sector de la construcción está paralizada”, explicó Carranza.
Los empresarios aseguraron que el nuevo decreto ley que remplazaría al decreto de urgencia 003, no les favorece en nada, por ello piden a las autoridades ser incluidos en esta nueva propuesta.
