El caso LavaJato en el Perú no solo ha provocado un desequilibrio político sino que además originó una crisis económica, dado que ahora las empresas vinculadas a Odebrecht no podrán realizar movimientos financieros para garantizar el pago de la reparación civil del Estado. A la fecha se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo formales.
Según el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi, a pesar del decreto de urgencia 003, el Estado no aseguró la reparación civil y solo provocó pérdidas económicas para el país. “El tema de la corrupción se trató irresponsablemente sin tener las bases sólidas”, indicó.
Cabe señalar que el decreto en mención vence el 13 de febrero y paraliza las transferencias de empresas vinculadas al caso Lava Jato para garantizar el pago de la reparación civil.
Asimismo, Mongilardi indicó que es necesario establecer un mecanismo financiero con el fin de no paralizar las obras de ejecución y además plantear una acción concreta.
