Según la norma, los agentes podrán hacer uso de la fuerza cuando exista un peligro de resistencia de la persona que va a ser detenida, si se presenta un riesgo de fuga o si el policía se ve enfrentado a una reunión tumultuosa violenta.
El decreto precisa también que el arma de fuego solo podrá ser usada en casos estrictamente necesarios, y cuando medidas menos extremas resulten insuficientes.
Luego del uso de la fuerza, el agente deberá adoptar medidas para brindar la asistencia y servicios médicos a los afectados, comunicar lo sucedido a los familiares y presentar un informe a la unidad policial correspondiente.