La fiscal Marita Barreto, a cargo del caso Rodolfo Orellana, junto con la Policía, informó que se detuvo a nueve personas en el megaoperativo ‘Tempestad’, contra un total de 21 vinculados a dicha red delictiva de presunto lavado de activos y tráfico de terrenos.
Entre los detenidos se encuentra el exvocal de la Corte Suprema Robinson Gonzales, la hija del exmagistrado, Olga Gonzales, así como el abogado Iván Torres Gómez. Fuentes fiscales informaron que también fueron intervenidas personas en el interior del país.
Según fuentes de la Policía Nacional citadas por el diario Perú 21, hasta el momento la relación de detenidos y bienes incautados es como sigue:
Blanca Rosa Paredes Córdova (45); Jorge Luis Reyes Matos (60), a quien se le incautó un auto marca Toyota, modelo Corolla, color negro, de placa COV-778; Robinson Octavio Gonzales Campos (60), al que se incautó una camioneta marca Toyota, modelo RAV 4, color rojo, de placa C4Z-498.
A Pedro Raúl Guzmán Molina (42) se le incautó una camioneta station wagon, marca Toyota, modelo Gaia y de placa C2I-100; Iván Gómez Torres (33); Maribel Haydee Castillo Chihuan (40) y Tomas Enrique Torrejón Guevara (30).
Por último, Olga Gonzales Yaurivilca (35), a ella se le incautó una (01) camioneta marca Suzuki, modelo Gran Nomade y de placa F9H-508.
Sobre Reyes Matos, el diario La República señala que el coronel PNP en retiro se encargaba de que peritajes grafotécnicos hechos a los documentos falsificados fueran validados como verdaderos por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, para así consumar despojos de inmuebles y terrenos a las víctimas de la red.
Como se sabe, Hernán Villacrez Torres, chofer y testaferro de Orellana, reveló el pasado 13 de marzo ante la comisión parlamentaria que investiga el caso, que Gonzales tenía una oficina en el búnker del abogado hoy preso en el penal de Ancón.
Entonces el exmagistrado había dicho que no podía declarar a la prensa. “Yo he sido su abogado y tengo el derecho del secreto profesional”, añadió.
Cabe recordar que según lo actuado por la comisión especial, la red criminal habría alcanzado al Poder Judicial, al Ministerio Público y demás instituciones para actuar impunemente muchos años.
