La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda de la senderista Maritza Garrido-Lecca y de otros 62 subversivos contra el Estado peruano. Esto por presunta afectación y violación de sus derechos humanos. Además exigen una millonaria reparación civil. Ahora el Estado peruano tiene que mostrar que los hechos alegados o no existieron o carecen de sustento.
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