En medio del incremento de casos de extorsión y delitos vinculados al uso de líneas telefónicas falsas, el Gobierno dispuso la creación de una nueva plataforma digital que permitirá controlar todo el proceso de comercialización de chips en el país. La medida busca reforzar la lucha contra la criminalidad, considerando que estos dispositivos suelen ser utilizados por bandas dedicadas a la extorsión y otros ilícitos.
De acuerdo con la disposición, Osiptel será la entidad encargada de implementar este sistema, que registrará información desde la distribución de los chips hasta su activación. A esta base de datos podrán acceder la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. No obstante, especialistas advierten que la iniciativa podría representar un riesgo si no se establecen mecanismos estrictos de protección de los datos personales.
Riesgos de filtración y uso indebido de información
Tatiana Piccinini, vocera de Osiptel, sostuvo que solo los agentes policiales debidamente autorizados podrán ingresar al sistema, el cual contará con trazabilidad para identificar qué usuario accede y con qué propósito. Sin embargo, expertos como el abogado en derecho digital Eric Iriarte señalan que el Estado debe aplicar fuertes “candados” para evitar que la información termine filtrada o mal utilizada, como ha ocurrido en otros casos donde bases de datos públicas fueron vulneradas.
Según Iriarte, mientras existan controles adecuados y el uso de esta herramienta se limite exclusivamente a fines de seguridad ciudadana, la medida puede ser una alternativa válida. Aun así, recordó que la desconfianza persiste debido a antecedentes de agentes del orden involucrados en redes criminales, por lo que insistió en la necesidad de garantizar transparencia y supervisión permanente.
