Una reciente directiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump podría modificar los criterios médicos para la aprobación de visas hacia Estados Unidos. Según la nueva disposición, condiciones de salud como diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias o cardiovasculares, trastornos metabólicos, neurológicos y mentales serían factores determinantes para declarar a los solicitantes como no elegibles para ingresar o residir en el país norteamericano.
Riesgo de exclusión para familias con miembros enfermos
El lineamiento también tendría implicancias para quienes solicitan residencia permanente o visas de trabajo, ya que no solo se evaluaría la salud del solicitante, sino también la de sus familiares directos, incluidos hijos o padres mayores. De esta manera, una persona contratada legalmente en Estados Unidos podría ver afectado su trámite migratorio si uno de sus dependientes presenta algún tipo de discapacidad o enfermedad mental.
La medida parte del argumento de que estas condiciones podrían convertir al solicitante o a su familia en una “carga pública”, es decir, en potenciales usuarios de los servicios de salud estatales. Bajo esa lógica, se priorizaría el ingreso de personas económicamente solventes y con un historial médico que no implique gastos para el sistema de salud estadounidense.
Criterios económicos y alcance de la medida
La disposición contempla además una evaluación de la capacidad económica del solicitante para cubrir sus propios tratamientos médicos sin recurrir a subsidios públicos. En la práctica, esto podría dificultar la obtención de visas para personas provenientes de países en desarrollo, donde los ingresos promedio son más bajos y los seguros médicos internacionales resultan costosos.
Aunque la embajada de Estados Unidos en el Perú informó que la medida aún no ha sido oficializada en el país, el anuncio ha despertado preocupación entre especialistas y organizaciones que consideran la norma como una forma de discriminación sanitaria. Advierten que su aplicación podría restringir aún más el acceso a la residencia permanente, especialmente para solicitantes de regiones del llamado “tercer mundo”.
