El Perú sufrió una contundente derrota en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que falló a favor de la empresa española Enagás, obligando al Estado peruano a pagar 302 millones de dólares, equivalentes a cerca de mil millones de soles, por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.
El caso se remonta a 2017, cuando el Gobierno peruano resolvió el contrato del megaproyecto en medio del escándalo de corrupción del caso Odebrecht, consorcio que compartía el proyecto con Graña y Montero y la propia Enagás. La decisión fue tomada durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski.
Sin embargo, el CIADI determinó que el Estado no logró demostrar que la resolución del contrato se debiera directamente a actos de corrupción vinculados a Enagás. Así lo explicó el abogado especialista en arbitrajes, Adrián Simons Pino, quien indicó que en estos casos “no basta con alegar corrupción”, sino que debe probarse que los actos corruptos están directamente relacionados con el contrato y que generaron un desequilibrio en perjuicio del Estado.
Aunque el fallo ordena al Perú a pagar el monto total en un solo depósito, Enagás ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo amistoso, lo que permitiría negociar facilidades de pago para evitar un impacto directo en la caja fiscal.
GASODUCTO SUR
El Gasoducto Sur Peruano, valorizado en 700 millones de dólares, tenía como fin llevar gas natural a seis regiones del sur del país: Arequipa, Cusco, Moquegua, Apurímac, Puno y Tacna. El proyecto fue finalmente anulado tras el estallido del escándalo Odebrecht, dejando inconclusa una de las obras de infraestructura energética más ambiciosas del país.
