En un contexto marcado por la prohibición gubernamental, las celebraciones de Semana Santa en Nicaragua se ven afectadas este año.
Daniel Ortega, presidente del país, ha vetado la realización de 4.800 procesiones, desde los viernes de Cuaresma hasta el Domingo de Resurrección, provocando un debate sobre la libertad religiosa y las tradiciones culturales en la nación centroamericana.
La abogada Martha Patricia Molina ha denunciado públicamente esta medida, que incluye la suspensión de actividades religiosas como el viacrucis penitencial, habitualmente organizado por la archidiócesis de Managua.
En lugar de estas procesiones, los ayuntamientos, controlados por el Gobierno, convocan a eventos religiosos sin la participación de la Iglesia Católica.
A diferencia de años anteriores, donde algunas parroquias realizaban procesiones dentro o fuera de los templos, este año muchas optan por otras formas de celebración, como el rezo del rosario.
PRESENCIA POLICIAL
Aunque se han autorizado algunas procesiones alrededor de los templos, la presencia policial ha limitado su realización, con advertencias de posibles arrestos para los participantes.
Esta situación ha generado malestar entre la población y la Iglesia Católica, quienes consideran que estas restricciones atentan contra su derecho a la libertad religiosa y afectan las tradiciones arraigadas en la cultura nicaragüense.
