El gobierno chileno expulsó de su territorio a 50 ciudadanos extranjeros, entre los que figuran nueve venezolanos, siete dominicanos, tres haitianos, un colombiano, un boliviano y 30 cubanos.
Según información proporcionada por las autoridades del vecino país, al menos cinco de estos detenidos en la región de O'Higgins, fueron sindicados de estar inmersos en saqueos, desórdenes, levantamiento de barricadas, etc.
Por otro lado, un grupo de diputados presentó una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y el cual se divide en dos capítulos. El primero por permitir la violación sistemática de los derechos humanos y la segunda basándose en que el mandatario comprometió gravemente el honor de la nación.
En caso sea admitida y posteriormente aprobada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, automáticamente el jefe de Estado sería suspendido del cargo.
