El escenario electoral comienza a definirse y varios miembros del entorno de Pedro Castillo aparecen entre los posibles aspirantes al nuevo Congreso bicameral. Desde el penal donde afronta un proceso por rebelión, el expresidente anunció su intención de competir por un escaño en el Senado, pese a que podría recibir una condena de hasta 34 años. Su proclamación ha reactivado el debate sobre la participación de investigados en la contienda, un antecedente que recuerda a candidaturas pasadas como la de Gregorio Santos.
Postulaciones en evaluación y candidaturas polémicas
La lista de Juntos por el Perú incluye también a Walter Ayala, exministro de Defensa, quien asegura que el proceso fiscal que lo involucra en presuntas irregularidades en ascensos militares carece de sustento. Ayala sostiene que no tiene restricciones legales y plantea una “reforma total” del sistema de justicia. A ello se suman especulaciones sobre una eventual candidatura de Jennifer Paredes, cuñada de Castillo e investigada por presunta organización criminal, quien en el pasado expresó interés por ingresar a la política.
Otros nombres vinculados al castillismo también evalúan postular. Henry Shimabukuro y Daniel Barragán, exministro de Defensa, buscarían un curul en el Senado a través del partido liderado por Ricardo Belmont. Su participación forma parte de una oferta electoral heterogénea que incluye a figuras sin trayectoria previa en la función pública, dirigentes sociales y representantes de sectores como el transporte.
Con el retorno de la bicameralidad, cerca de 21 millones de electores deberán elegir a un Senado con nuevas atribuciones y a una Cámara de Diputados que mantendrá funciones clave como interpelaciones y censuras. Expertos señalan que el nuevo diseño legislativo otorga al Senado un rol determinante en la designación de altos funcionarios y podría modificar la dinámica política del país. En medio de esta transición, partidos y movimientos recurren a personajes mediáticos y gremiales para atraer votantes, mientras el electorado enfrenta nuevamente la responsabilidad de definir el rumbo del Parlamento.
